La Rada Suprema estudiará un proyecto de ley sobre el control del servicio de mensajería Telegram en Ucrania
El 25 de marzo, la Rada Suprema de Ucrania registró el proyecto de ley nº 11115, destinado a regular el funcionamiento de Telegram en el país.
Los diputados proponen modificar la Ley de Medios de Comunicación de Ucrania. La principal diferencia será la asignación de las “plataformas de intercambio de información” como nuevas entidades del sector de los medios de comunicación, al que pertenecen los mensajeros.
El proyecto de ley, en concreto, obliga a dichas plataformas:
- publicar las condiciones de uso del servicio y prohibir la difusión de información que infrinja la legislación de Ucrania;
- asegurarse de que la plataforma tiene un representante en Ucrania para la comunicación (si no lo tiene en la UE);
- restringir la distribución de contenidos ilegales a petición del Consejo Nacional;
- aplicar mecanismos para gestionar las quejas de los usuarios sobre los contenidos;
- revelar la estructura de propiedad y las fuentes de financiación a petición del Consejo Nacional;
- no tratar datos personales de niños con fines comerciales.
Se prohibirá a organismos públicos, instituciones, bancos y otras entidades financieras utilizar plataformas con una estructura de propiedad opaca o que incumplan los nuevos requisitos de difusión de información. Tampoco está permitido instalar software de estos proveedores en los dispositivos de la empresa.
Además, el Consejo Nacional debería publicar en su sitio web una lista de plataformas, aplicaciones y servicios “prohibidos”.
Por qué los diputados quieren regular Telegram
Según la nota explicativa, la actual Ley de Medios de Comunicación no regulaba plenamente la cuestión de las plataformas de difusión de información de masas, entre ellas Telegram. En el contexto de la agresión rusa, el uso de estas plataformas puede suponer una amenaza para la seguridad nacional de Ucrania.
Además, Telegram puede seguir vinculada a las autoridades rusas.
El proyecto de ley pretende dotar a los organismos públicos de herramientas para regular estas plataformas.
