Miembros de la Rada Suprema proponen suprimir el despacho de aduanas de los automóviles de los soldados y otros civiles afectados por la agresión militar contra Ucrania. Los correspondientes proyectos de ley 10353 y 10354 se han registrado en el sitio web del Parlamento.
El proyecto de ley propone, entre otras cosas, una exención temporal de derechos de importación a partir del 1 de enero de 2024 (o la fecha de entrada en vigor de la presente cuestión) hasta el 31 de diciembre del año siguiente al año de introducción de la ley marcial en Ucrania y el año en que la ley marcial en Ucrania se termina o se cancela para turismos, sus carrocerías, remolques y semirremolques, carrocerías de remolques y semirremolques, motocicletas, vehículos destinados al transporte de más de 10 personas, vehículos destinados al transporte de mercancías importadas en el territorio aduanero de Ucrania.
El documento prevé la libre circulación de ciudadanos que tengan la condición de combatientes, ciudadanos llamados al servicio militar durante la movilización (excepto los desertores oficialmente reconocidos), hijos e hijas, padres, hermanos y hermanas de personas fallecidas como consecuencia de una agresión militar contra Ucrania, y vehículos dañados como consecuencia de una agresión militar contra Ucrania.
Las personas pertenecientes a cada una de estas categorías (o las personas debidamente autorizadas en nombre de los respectivos ciudadanos) pueden importar un vehículo a Ucrania. En estas condiciones, las personas que hayan transferido oficialmente sus vehículos a unidades militares que participen en medidas para repeler y disuadir la agresión armada contra Ucrania también podrán importar un vehículo.
“La exención de derechos de importación prevista en el presente artículo no se aplica a las mercancías originarias de un país reconocido por la ley como Estado ocupante y/o un Estado reconocido por la ley como Estado agresor en relación con Ucrania, ni a las mercancías importadas del territorio ocupado y/o temporalmente ocupado de Ucrania, definido por la ley como Estado ocupante (agresor)” El documento establece que esto no se aplica.
